El Ayuntamiento de Salamanca aumenta los recursos para el servicio de Ayuda a Domicilio

Este servicio se presta principalmente a personas de edad avanzada con dificultades en su autonomía personal y en condiciones de desventaja social

El Presupuesto 2019 del Ayuntamiento de Salamanca aumenta un 6,5% los recursos del servicio de Ayuda a Domicilio para llegar a 195 usuarios más. Las cuentas municipales recogen una partida de 3,8 millones de euros, con la previsión de superar las 2.131 personas atendidas el año pasado. Se trata de un servicio que carece de lista de espera, siendo mujeres el 67% de los usuarios, el 72% por dependencia y el 91% mayores de sesenta años. Además, las personas que pueden disfrutar de este servicio sin tener que abonar dinero debido a su situación personal ascienden al 44%.

La Ayuda a Domicilio es una prestación destinada a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables en las relaciones familiares y de convivencia. De esta manera, se contribuye a la integración y permanencia de las personas en su entorno habitual de vida, evitando o retrasando mientras no resulte necesario el ingreso en centros residenciales, mediante la adecuada intervención y apoyos de tipo personal, socioeducativo, doméstico y/o social.

Las principales beneficiarias son personas de edad avanzada con dificultades en su autonomía personal y en condiciones de desventaja social, personas con discapacidad, menores de edad cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y atención que requieren en el propio domicilio, permitiendo su permanencia en el mismo, y los grupos familiares con excesivas cargas, conflictos relacionales, situaciones sociales inestables o con problemas derivados de trastornos psíquicos o enfermedades físicas de gravedad.

El orden de prioridad para la recepción del servicio lo establece una comisión técnica de valoración siguiendo la normativa aplicable. Para determinar la cuantía de las tarifas, se tiene en cuenta la capacidad económica de las personas usuarias de los servicios, en función de la renta y del patrimonio, así como las cargas familiares.

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