Salvar el Archivo de Salamanca denunciará judicialmente al Ministerio de Cultura pidiendo ‘prisión’ para su actual Ministro

La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha anunciado esta mañana que denunciará judicialmente al Ministerio de Cultura del gobierno de Pedro Sánchez antes del próximo día 10 de noviembre.

P. Z

La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha anunciado esta mañana que denunciará judicialmente al Ministerio de Cultura del gobierno de Pedro Sánchez antes del próximo día 10 de noviembre, fecha de las inminentes elecciones. Además presentará querellas criminales contra los responsables de la Generalidad de Cataluña que no han permitido que los más de 400.000 documentos que legalmente tendrían que volver a nuestra ciudad no lo hayan hecho todavía desde Cataluña.

En palabras de Policarpo Sánchez: ‘vamos a interponer querellas penales contra el actual ministro de Cultura en funciones, José Guirao, el exconsejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, Ferrán Mascarell, además del subdirector general de Archivos Estatales, Severiano Hernández, para pedir su ingreso en prisión puesto que han traficado con el patrimonio histórico documental de todos los españoles‘. Según el representante de la Asociación, ‘han entregado documentos a quienes no habían sido sus propietarios’.

Según Sánchez, son varias las acciones legales a tomar. La primera de ellas, esta semana, cuando presentarán una demanda judicial ante la Audiencia Nacional para pedir al Gobierno del Presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ‘cumpla con su obligación de exigir al a Generalidad la devolución de los documentos expoliados del Centro Documental de la Memoria Histórica y que todo el tema del procés no salpique la memoria de todos los españoles’.

Salvar el Archivo de Salamanca solicitará al Tribunal Supermo ‘medidas cautelarísimas’ ante la ‘negación del gobierno de hacer caso a nuestra reclamación, que ha seguido siempre los cauces legales’. Los aplazamientos, que terminaron el pasado 24 de octubre, han hecho que lso máximos responsables administrativos y gubernamentales hayan incurrido en ‘responsabilidad por falta de contestación’.

 

 

 

 

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