Guillermo Fernández Maíllo, técnico del equipo de estudios de Cáritas española y director del informe FOESSA regional ha presentado esta mañana el documento en el centro de formación y empleo ‘Padre Basabe’ de Cáritas Diocesana de Salamanca.
El Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León 2019 es un retrato de la realidad social en la que nos encontramos actualmente. Es el fruto de la investigación realizada por la Fundación FOESSA a través de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2018, elaborado por más de 500 personas comprometidas con la realidad de los más desfavorecidos.
Este documento nos deja datos poco esperanzadores como por ejemplo el número de personas en exclusión social en Castilla y León es de 368.000, es decir, el 15,3% de la población se encuentra dentro de la sociedad estancada. Pero dentro de exclusión social existe un grupo de 99.000 personas especialmente vulnerables afectadas por la acumulación de problemas, que conforman la sociedad expulsada.
Ya no vivimos una situación similar a la del 2007. Guillermo Fernández Maíllo, coordinador de la investigación y miembro del Comité Técnico de la Fundación FOESSA, señala que “nos encontramos en un momento de clara mutación social. Un tiempo donde las brechas que se están produciendo están hipotecando nuestro futuro, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobierno, las instituciones públicas, la gestión insolidaria de la crisis o las actitudes reactivas y xenófobas que consolidan el
individualismo”.
Desde 2013 a 2018 la exclusión social solo se ha reducido un 7,5%, mientras que en el conjunto de España ha sido superior al 25%.
Vivienda digna
El acceso a una vivienda digna se ha convertido en un derecho inaccesible para muchas familias. En nuestra comunidad la vivienda es el primer generador de dificultades en la sociedad: el 20,2% de la población en exclusión está afectada por esta dimensión. Hay 143.000 personas que residen en una vivienda insegura, lo que significa que no tienen contrato de arrendamiento o que tienen notificaciones de desahucio, y 164.000 personas lo hacen en una vivienda inadecuada, es decir, que no reúne las condiciones para la habitabilidad.
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